Escribe: Gretell Rebaza Araujo 

La corrupción es uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro país, como tal a tocado los niveles más altos de los poderes del Estado (Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, etc.), concepto mayormente relacionado directamente con el sector público y el político, aunque desde siempre, se tenía sospechas que grupos empresariales del más alto poder económico manejaban a través de su dinero, el poder político del país, tal como si el Perú les perteneciera, e inescrupulosamente asumían el derecho de querer decidir por su destino, pero siempre bajo la sombra, esto es visto hasta hoy de manera complaciente, solamente como comportamientos indebidos, hay mucha tolerancia de los aportes a campaña políticas relacionadas con el sector empresarial, por encima de lo que permite la ley, a pesar del tema ético que por lo menos implica, tenemos una cultura empresarial de trasgresiones a la ley, sin asumir responsabilidades por mucho tiempo, sin que nadie hiciera algo.

Sin embargo, gracias a la lucha contra la corrupción emprendida por un grupo de fiscales y jueces valientes, que se la están, jugando de verdad, hemos comprobado recientemente, que ésta lacra alcanzó también el ámbito empresarial, en ésta semana hemos visto desfilar a lo más alto de la élite empresarial del país, por la Fiscalía, CREDICORP, GLORIA, VOLCAN, INTERBANK, FERREYROS etc., grupos del más alto poder económico, en su mayoría aceptando, entregas de dinero, inaugurando así un nuevo capítulo de la corrupción en el Perú, es decir cómo se compran a los partidos políticos, el ejemplo más saltante fue el del conocido empresario Dionisio Romero Paoletti, Presidente del Grupo CREDICORP, quien confesó haber aportado a la campaña electoral 2011 de Keiko Fujimori, un monto de 3 millones 650 mil dólares, aportes que sólo no fueron transparentes, sino que tiene visos de clandestinidad (maletines, cash, intermediario), ¿porque los aportes no se bancarizaron?, ¿los fondos si fueron extraídos ilegalmente de la corporación, podrían tener origen ilícito?, ¿porque no se dejó constancia que su destino era para campañas políticas?, estas y muchas preguntas más por responder, del más alto ejecutivo del Grupo con mayor nivel de concentración del mercado financiero del país, los clientes que han entregado su confianza al BCP, han sido defraudados, es por ello que al margen de la Fiscalía, la SBS debe. Investigar el destino de los fondos.

Lo que resulta también bastante vergonzoso son las revelaciones de varios de éstos empresarios, quienes manifestaron que fue a través de la CONFIEP, que realizaron la entrega de dinero, a favor de la campaña presidencial, de Keiko Fujimori, hechos que involucró a la CONFIEP con los aportes irregulares. Todo esto ocasionó que la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2019), que se realizó en Paracas, se halla visto empañada, por ésta situación, porque al margen si fueron “aportes legales”, como afirman algunos empresarios, no han sido nada transparentes, siendo uno de los temas centrales de la jornada..

Está situación obligó a la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, hacer un “mea culpa”, con un discurso aparentemente para la tribuna de la CADE 2019, ya que fue contraria, a su actitud mostrada en un inicio en una entrevista a un medio de prensa, donde se mostró tímida en su deslinde, dejando serias dudas sobre lo que manifiestan los empresarios, indicando que sí se recaudó dinero del conglomerado de empresas, pero para una campaña a favor de “Promover la Economía de Mercado e Inversión Privada’, lo que se conoce es una publicidad televisiva, justo en el periodo de campaña 2011, que induce a los peruanos por quién votar, pero se niega a reconocer lo que ya aceptaron algunos empresarios, que fueron aportes para la campaña de Keiko, versión dada también por Barata en su momento. Hay que mencionar antes de ejercer su actual cargo, la señora León fue asesora del fujimorismo, esto la deja de por sí en entredichos, esta sería la razón del allanamiento realizado por la Fiscalía de las oficinas de la CONFIEP, porque habría aportes ocultos, los fiscales están actuando bajo respaldo de la ley.

Cuando buscamos verle la cara al poder de éstos empresarios inescrupulosos, que creen que pueden torcer un proceso democrático, lo más probable es que lo buscan es ventajas y favoritismo. Es desde todo punto de vista inaceptable, versiones como la de Romero, “lo hizo para salvar al país“, lo se debe investigar porque éstos aportes millonarios retornaría en beneficio a través de mejoras normativas, se conoce que Fuerza Popular promovió la legislación a favor de las empresas de Romero, como eliminar la ley de Alimentación Saludable (Octógonos), la Ley Antimonopolio, la regresaron a comisiones, quisieron sabotear la Ley de Consulta Previa, congresistas fujimoristas retrasaron leyes para que éstas no salgan, esto significa trampa, todo esto debe investigarse. La CONFIEP fue un aliado permanente de Fuerza Popular, es por ello que se exacerban sus ánimos, cuando les alcanza la acción de la justicia. En el sector empresarial hay una generación muy comprometida con el fujimorismo, por todas las prebendas que accedió desde el Gobierno de la dictadura de Alberto Fujimori.

Se hace necesaria una investigación profunda, para descubrir los vínculos existentes entre los líderes de los partidos políticos y los empresarios o altos funcionarios involucrados en los aportes ocultos, originado por su cada vez mayor presencia en lo político y arraigo en la forma de “hacer negocios” que puede adoptar distintas formas como el soborno, fraude, conflictos de intereses, lavado de activos, malversación de fondos, etc. Es más, son los empresarios corruptos los que apoyan la llegada al poder de políticos corruptos. Quizás, haya más de una sorpresa en comprender que la existencia de corrupción en el Estado es producto de una interacción directa con los corruptos del más alto poder económico,. Porque, no existe corrupción en el Estado y en los gobiernos, sin la existencia de la corrupción entre y los empresarios.