Escribe: Gretell Rebaza Araujo

El Gobierno del Presidente Francisco Sagasti, afronta un estallido de diversos conflictos sociales, como el de los trabajadores agroexportadores, que se inició en la ciudad de Ica, ocasionando un paro de más de 72 horas y el bloqueo de la carretera Panamericana Sur y se extendió a La Región La Libertad, con el bloqueo de la Panamericana Norte, como medidas de protesta, entre las principales demandas está la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria 27360, que ha llevado al Gobierno a establecer una Mesa de diálogo con los trabajadores en busca de solución.

La Región Ica en los últimos años, se ha convertido en el emporio agroexportador del país, lo mismo pasa en el norte, en la región La Libertad, constituyéndose la agroexportación en un sector que genera empleo masivo. Más el crecimiento y el posicionamiento que el Perú ha logrado en los mercados mundiales de alimentos producto de ello, choca con la realidad que nos muestra un progreso que en vez de beneficiar a las mayorías, beneficia a un pequeño grupo de empresas. Esta situación ha llevado a los trabajadores del sector a exigir demandas laborales que son legítimas y urgentes, como son las bajas remuneraciones, condiciones de trabajo ínfimas, inestabilidad laboral, entre otros. Todos hemos visto a través de los medios de comunicación, los reclamos de los trabajadores, como ganar entre 30 a 40 soles por jornada, (día trabajado), que muchas veces se extiende hasta 12 horas, sin pago de horas extras, además de las condiciones precarias en las que realiza sus actividades laborales, muchos trabajadores a pesar que lleven años laborando son contratados de forma temporal, contratos que no llegan ni a tres meses, por lo cual no tienen acceso a Essalud, a pesar que se les descuenta, la temporalidad no quita que se le otorgue sus derechos laborales. Todo esto bajo el régimen laboral especial de contratación temporal para los trabajadores del agro.

La Ley de Promoción Agraria 27360 o “Ley Climper” creada en el 2000, se ha ampliado tres veces en 20 años, la última hasta el año 2031; una ley con un régimen laboral especial, que declaraba de interés prioritario la inversión y fomentar el desarrollo del sector. A 20 años de su implementación, el desarrollo económico y la formalidad que se buscaban no se han conseguido, del 100% de la PEA del sector sólo el 25% está formalizado, concentrándose en 15 empresas agroexportadoras que absorben el 50% del total de trabajadores formalizados; lo cuál no significa que no ejecuten abusos laborales; tal como lo hacen las empresas tercerizadoras, éstas, muchas veces suministran personal a las primeras, lo que está prohibido pero lo hacen porque les quita responsabilidad ; todas las empresas deberían comprometerse a no contratar Servis y cumplir la ley.

Una ley que ha enriquecido a las grandes empresas agroexportadoras a costa de los trabajadores; si comparamos cifras, como dijera el economista Hugo Ñopo, “no se ha compartido los frutos del progreso”. En el 2020 las agroexportaciones tienen estimado cerrar con ventas cercanas a los US$ 8,000 millones de dólares, según cifras publicadas por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, una cifra récord a pesar de la pandemia; mientras que los trabajadores del sector tienen un sueldo promedio de 930 soles. (RMV), que agregado los beneficios laborales, como CTS y gratificaciones, pagados en partes, el sueldo no supera los 1,400 soles mensuales, según, la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, como se puede apreciar los ingresos de las empresas agroexportadoras y la de los ingresos de los trabajadores; la brecha es muy grande.

A esto se agrega los distintos beneficios en materia tributaria brindados por la Ley a las empresas del sector agrario, que pagan mucho menos en el impuesto a la renta de tercera categoría (una tasa de 15%, en lugar de 29,5% del régimen general), así como la depreciación del 20% por las inversiones en obras de infraestructura hidráulica y de riego. Además, durante 20 años, las empresas del sector agroexportador solo estuvieron aportando 4% al Seguro Social de Salud, lo que, según un informe del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo afectó la sostenibilidad financiera de EsSalud y favoreció a las empresas del sector agrario que no requieren de dicho subsidio, en perjuicio de otros sectores, todos éstos beneficios les ha permitido ingentes ganancias obtenidas a éstas empresas.

La concentración económica en pocas manos que disminuye los derechos de los trabajadores; nos hace ver un modelo económico en crisis, un crecimiento económico que evidencia un divorcio con el desarrollo económico de las mayorías. Está claro que se debe cambiar, no sólo el régimen laboral como lo ha propuesto el actual Gobierno, sino también el tributario, se debe eliminar las exoneraciones tributarias que favorecen a unos pocos, éstos ingresos deben derivarse a mayor presupuesto para salud y educación por ejemplo; el progreso debe ser de ancha base y no de unos pocos, la actividad agrícola merece una atención especial por parte del Estado, ya que es un sector que genera empleo masivo en zonas donde existe pobreza, lo cual debe contribuir en una mejora de los ingresos en las familias; la erradicación de la informalidad de las empresas es otro aspecto que debe darse solución; de este modo se promovería el desarrollo rural.

Hay un tema de inequidad, una cuenta por saldar a puertas del Bicentenario que se le debe dar solución en lo inmediato.