Escribe: Gretell Rebaza Araujo

En la misma noche de la marcha del 14 de Noviembre, cuando la brutal represión policial ocasionó la muerte de los jóvenes Inti y Bryan, vimos desfilar por diversos medios de comunicación a congresistas de las distintas bancadas que promovieron el golpe parlamentario, supuestamente “arrepentidos” por los hechos acontecidos en el Gobierno golpista de Merino, pero nos preguntamos, realmente están “arrepentidos” como para haber aprobado ayer “la eliminación de la inmunidad parlamentaria”, existe derecho a la duda; pero creemos que no, que nunca se arrepintieron, que fue tan sólo miedo a la calle al verse contra la pared por sus hechos cometidos y ahora podría tratarse de una “estrategia” para ganar réditos políticos con miras a las próximas elecciones de Abril, más aún si según encuestas, éste Congreso goza de una desaprobación del más de 90% de la población. Por supuesto que los más notorios golpistas nunca han mostrado ni un ápice de arrepentimiento, como Manuel Merino de AP, Edgar Alarcón y José Vega de UPP, Martha Chávez, Diethell Columbus y otros 7 miembros más de la bancada de Fuerza Popular , que fueron algunos de los legisladores que votaron en contra de modificar el artículo 93 de la Constitución “la eliminación de la inmunidad parlamentaria”.

No olvidemos que la mayoría de las fuerzas políticas del Congreso son los mismas que apoyaron a Manuel Merino en su asalto al poder, los congresistas son los mismos a quiénes no les importó nada vulnerar nuestra Constitución en la legislatura de Julio pasado, donde tras cambios de último minuto arrasaron con cinco artículos de la Constitución y aprobaron en primera votación un texto que “eliminaba la inmunidad parlamentaria” del Presidente de la República, el antejuicio de los Ministros, del Defensor del Pueblo y de los magistrados del Tribunal Constitucional, manteniendo intocable la inmunidad de los congresistas, texto que supuestamente en ésta legislatura iban a ratificar, pero optaron por dejarla de lado, ¿porque se dio ese giro de 180 grados?, no es posible sea cierto tal cambio. Es evidente que estas fuerzas políticas lo que buscan es el aplauso de la calle, pues la inmunidad parlamentaria desde hace años venía siendo cuestionada por la ciudadanía, por el uso que se le daba, que se había convertido en un abuso, debido al blindaje dado por el Congreso a sus miembros. En el texto aprobado ayer, será la Corte Suprema la que evalué procesar a un congresista ante denuncias de delitos comunes y de función, y ante acusaciones antes de llegar al cargo, será un juez penal ordinario, ésta propuesta es parte de la reforma política, impulsada desde el 2018 por el Gobierno del ex Presidente Vizcarra.

Ahora veremos si lo ratifican en la próxima legislatura que se inicia en Marzo 2021, pues para ser ley se necesita de una ratificación de 87 votos, lo harán antes de las elecciones de Abril, o esperarán al final de la legislatura para cambiar de opinión, como lo han hecho con el texto de la legislatura anterior. De no ratificarse lo ayer aprobado; todo quedaría como hasta ahora, y nos habrán engañado una vez más, como ahora que algunas bancadas que después de los sucesos ocurridos el 14 de Noviembre, ofrecieron no insistir en el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y hoy han vuelto a la contraofensiva; tratando de imponer en agenda el tema, entre ellos Acción Popular, cuyo Presidente de la Comisión Especial encargada de elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, Rolando Ruiz quién en aquél entonces afirmó, pediría la desactivación de la Comisión, contrariamente a lo dicho anteriormente, hoy sostiene que “su bancada en mayoría decidió continuar”, que el pedido de desactivación de la Comisión “no había sido presentada oficialmente”, muy pronto algunas bancadas olvidaron “su arrepentimiento” como Acción Popular, a la que se sumaron PODEMOS, UPP, Fuerza Popular, FREPAP quiénes solicitaron a la Junta de Portavoces que se vea el tema en el Pleno que se inició ayer y que concluirá el sábado; además están pidiendo se incluya a las recién bancadas creadas como Descentralización Democrática y Nueva Constitución; esto para que tengan el quórum necesario, ante el retiro de cuatro bancadas como el Partido Morado, Frente Amplio, APP, Somos Perú, quienes sí cumplieron con retirar a sus representantes, y solicitaron que “ la comisión se desactive”, a fin de que sea el próximo Congreso el encargado de culminar con el proceso de selección.

Lo preocupante es que se advierte, que ésta coalición, con Acción Popular a la cabeza, que ha “cambiado” su posición y ahora se reafirman en que no se debe “renunciar a la capacidad de elegir a los nuevos miembros del TC”. Una vez más demuestran que no les importa nada más que sus intereses particulares o de bancada; y ahora han vuelto a retomar el control de la agenda parlamentaria. Es evidente que su interés en el nombramiento de los miembros del nuevo TC, es asegurar, tener el control del más alto Organismo de Control Institucional.

Esto seria gravísimo, no podemos permitir que éste Congreso deslegitimado, por los hechos que todos conocemos, que ha demostrado una y otras vez, estar a espaldas de la ciudadanía, que es movido por intereses subalternos, sea quien nombre a quiénes deben ejercer la más alta función de control de nuestra Constitución, como es el TC. Además se trata de una comisión cuestionada por las irregularidades en la elaboración de su reglamento, que fue aprobado apresuradamente y por el proceso mismo de selección de candidatos, por la forma “poco transparente” en que se llevó a cabo la fase de calificación de las postulaciones, donde ha habido incluso renuncias de los participantes, donde ha habido plazos muy cortos, donde no ha existido desde un inicio la garantía institucional para que el Tribunal Constitucional que elegido sea autónomo y verdaderamente democrático.

No podemos permitir que la elección de los miembros del TC, sea una vez más, una “repartija”, que es lo más probable que suceda, a esto estaría apuntando la coalición que maneja el Congreso, es decir, que Tribunal Constitucional le sea incondicional, así asegurar frenar eventuales fallos del actual TC, desfavorables a sus intereses personales, No les corresponde el derecho a un Congreso deslegitimado como éste a nombrar a quiénes deben ejercer la más alta función de control institucional. Una comisión así no puede pretender continuar. Lo mejor es desactivar la comisión y sea el próximo Congreso el que asuma dicha responsabilidad. Debemos estar vigilantes.