Por: Efrén Gamarra Soles

Al borde de las lágrimas, con voz quebrada, pero emanando odio y rabia en sus pupilas, la señora K, farisaicamente, se rasgó las vestiduras (ante la sorpresa e incredulidad de la prensa internacional y la aquiescencia de la prensa nacional asalariada), para denunciar un supuesto fraude en las elecciones de la segunda vuelta presidencial, anunciando que, a través de sus abogados, está exigiendo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) LA ANULACIÓN de 802 actas electorales por supuestas «irregularidades y fraudes de mesa».

Con esta maniobra, la señora K y sus abogados, encabezados por Miguel Torres Lara (ex congresista de la bancada mayoritaria fujimorista que impulsó y logró la anulación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de los casinos y tragamonedas, como si fueran productos de primera necesidad, causando millonarias pérdidas al fisco nacional), exigen la anulación de 200,000 votos, la mayoría favorable a Castillo, y que sean retirados del recuento final, anunciaron. Entre las «irregularidades sistemáticas», anotaron, está en que dos miembros de mesa en un pequeño poblado amazónico son parientes en primer grado, o algunas firmas en las actas no son idénticas a las del Documento Nacional de identidad (DNI), o en alguna mesa de las serranías el 100% de votos sean favorables a favor de Castillo.

Tal vez por vivir de espaldas a la realidad, gozando de los placeres que brinda la modernidad en alguna zona exclusiva de Lima, la señora K y su ilustre abogado lobista, no conocen que en los pequeños poblados andino-amazónicos casi todos sus habitantes pertenecen a una, dos o tres familias. Tampoco saben que muchos de esos ciudadanos con las justas saben leer y escribir y, en consecuencia, les es difícil firmar y rubricar exactamente como lo hicieron al recibir su DNI. Cuestionan la validez de actas con el 100% de votos para Castillo (porque estadísticamente es imposible, sostienen), pero no dicen nada de actas en Miami donde la señora K obtiene el 100% de votos y Castillo cero.

Los supuestos esgrimidos por los abogados fujimoristas para que el JNE declare nulas las 802 actas electorales, NO SE ENCUENTRAN Comprendidos Dentro De La Normatividad Peruana para proceder con su anulación. De acuerdo a Ley, los personeros de mesa son los encargados de impugnar votos, denunciar irregularidades o exigir nulidades, en la mesa misma, a la hora del escrutinio de los votos, y su impugnación, denuncia o exigencia deberán quedar asentados en las actas electorales correspondientes, testimonios de la voluntad popular, para ser resueltos por la autoridad electoral. Hacerlo después, ES EXTEMPORÁNEO.

Hablan y denuncian fraude, pero no dicen nada del audio, comprobado y certificado por la misma Cancillería, donde se escucha al cónsul de Perú en Hartford, Estados Unidos de Norteamérica, Eduardo González, encargado de transportar 56 actas electorales de la segunda vuelta presidencial desde su consulado en EE.UU. al Perú, declarando su incondicional apoyo a la candidatura de la señora K. Este mal funcionario ha sido retirado de su cargo por el Ministerio de Relaciones Exteriores al haber roto el principio de imparcialidad que debió tener como cónsul y responsable de este proceso electoral en su jurisdicción. Motivo más que suficiente para solicitar la nulidad de las 56 actas electorales en Hartford.

Hablan de fraude, pero no dicen nada de los pronunciamientos de los 150 observadores internacionales acreditados ante el JNE, que han opinado sobre la normalidad en que se ha desarrollado el proceso electoral de la segunda vuelta presidencial.

Hablan de fraude, pero no dicen nada de la declaración de los observadores internacionales, así como de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, evidenciando su preocupación por «el trato desigual, en tiempo y forma, en que han sido tratados los dos candidatos en los medios de comunicación nacionales …», declaraciones corroboradas por la renuncia masiva de los periodistas del programa «Cuarto Poder», programa dominical emblemático de América Televisión, denunciando presiones y amenazas del canal para parcializarse con la candidatura de la señora K. Parcialización denunciada anteriormente por Gustavo Mohme Seminario, miembro del directorio de esta empresa televisiva, con motivo del despido de Clara Elvira Ospina, directora televisiva del canal, luego que se opusiera a ser parte de la campaña de demolición mediática contra la candidatura de Pedro Castillo.

Mientras tanto.

El Ministerio Público ha solicitado detención de la señora K. por el escándalo Lava Jato.