Por: Gretell Rebaza Araujo.

El derrame de petróleo ocurrido el último sábado durante las operaciones de descarga en el terminal multiboyas N° 2 de la Refinería La Pampilla, administrada por la transnacional Repsol, frente a las costas de Ventanilla, además de las playas de los distritos Santa Rosa y Ancón. Es considerado como el peor desastre ecológico ocurrido en Perú en los últimos tiempos; por las consecuencias nefastas para nuestro ecosistema y medioambiente marino, cuyos daños son irreversibles, siendo sólo posible remediar los impactos por los vertimientos petroleros.

Se trata de un Ecocidio, que ha destruido directamente a la flora y fauna en más de 18 kilómetros cuadrados de mar peruano, y que continúo extendiéndose hasta Chancay, llegando afectar al 80% de las playas del Norte Chico; donde hemos podido apreciar decenas de aves guaneras, lobos marinos, peces, cangrejos, algas y otras especies marinas muertas y/o contaminadas por este desastre. También se ha identificado la afectación de dos áreas naturales protegidas como la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Islotes de Pescadores y la Zona Reservada Ancón; zona de refugio de aves marinas que producen guano, un abono natural cuya demanda creció en 2021 ante el incremento del precio de los fertilizantes importados. Además que gradualmente, el petróleo alcanza capas más profundas del mar, lo que se traduce en una contaminación mucho más problemática. Y es que la tremenda toxicidad de sus componentes químicos provoca la desaparición de múltiples microorganismos, así también afecta indirectamente a la salud humana. A esto se suma el grave perjuicio económico a cientos de familias de pescadores, comerciantes, trabajadores de turismo que su sustento diario depende de actividades relacionadas con el mar.

Es por ello, indignante y una burla para el país la actitud asumida por la empresa Repsol, principal responsable de ésta tragedia ecológica, porque no solo demoró para dar la alerta, sino que mintió con alevosía y premeditación a todo el país, ocasionando que la cifra de daños ambientales sea mucho mayor.

Primero la alerta recién la dio el domingo por la tarde, mientras el oleaje seguía llevando ese material oleoso a otras playas, ocasionando aumente el daño en las especies marinas que pudieron ser salvadas y exponiéndose la salud de miles de bañistas que acudieron a las playas la mañana del domingo. Recién el lunes se apersonó su escaso personal para hacer limpieza.

Segundo emitió información inexacta, minimizando la verdadera gravedad de la situación, al decir que se trataba de “un derrame limitado” en un espacio de 2,5 metros cuadrados, según la OEFA, el área dañada ha alcanzado un millón 739 mil 509 metros cuadrados (m²).

Tercero mintió sobre la cifra de galones que vertió en el mar, según ellos era 7 galones, más el Ministerio del Ambiente al supervisar la cantidad de petróleo en el mar aclaró fueron 6 mil barriles que equivalen al tanque lleno de 25.000 automóviles.

Cuarto mintió al decir que activó “inmediatamente” los protocolos de seguridad y que sus brigadas lograron controlar el incidente. Según lo denunciado por la Premier Mirtha Vásquez, la OEFA determinó que carecía de un plan de contingencia para este tipo de casos, lo cual es gravísimo, es por eso que no se aplicó a la brevedad los protocolos de contingencia y emergencia que mitigue los daños en forma rápida y oportuna. Todo esto difiere con la información alcanzada por Repsol.

Quinto la empresa ha pretendido trasladar la responsabilidad a la Marina de Guerra, diciendo que ésta no alertó sobre los oleajes anómalos del último fin de semana a raíz de la erupción del volcán de Tonga. Según ellos esto afectó el proceso de descarga del crudo del buque Mare Dorium, argumento que usarán para no asumir el costo del desastre Ante ello, el Ejecutivo ha solicitado la información correspondiente a ambas entidades.

Cabe mencionar que Repsol se vio envuelta en un escándalo similar en el 2013, tras derramar 195 barriles en el mar del Callao. Luego de ese caso, solo pagó 277.000 soles de multa. En el año 2018 anunciaron la instalación de una monoboya que le permitiría monitorear oleajes anómalos, al parecer no habrían cumplido.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrita al MINAM, quién supervisa el desastre debe evaluar la responsabilidad y el impacto generado, y manifestarse sobre las medidas administrativas de cumplimiento inmediato exigidas a la transnacional Repsol, a fin de prevenir daños acumulativos o de mayor gravedad. La Fiscalía Ambiental también abrió una investigación por el presunto delito de contaminación ambiental contra los representantes legales y funcionarios de La Pampilla,

El daño causado por la marea negra es gravísimo, que abre nuevamente la discusión no sólo de las responsabilidades en estos desastres ambientales, que tienen que sancionarse con todo el peso de la ley, sino también de la necesidad del cambio de nuestra matriz energética reemplazando nuestra dependencia a los combustibles fósiles por una acelerada transición de energías renovables, que nos coloquen en la primera línea de los países que se adaptan al cambio climático y protegen sus ecosistemas marino-costeros y amazónicos y la salud ambiental.

La ciudadanía exige que éste hecho no quede impune y se apliquen las sanciones administrativas, civiles y penales correspondientes a los responsables de éste crimen ambiental.