Por: Gretell Rebaza Araujo.

La corrupción no descansa, sus redes están operando en busca de impunidad en éstos últimos días no es coincidencia la campaña de ataques contra Zoraida Ávalos, titular del Ministerio Público; así como también desde el Congreso se intente modificar la ley de colaboración eficaz, el objetivo es atentar contra la lucha anticorrupción y el crimen organizado, al blindar a los corruptos.

Según diversas fuentes judiciales y fiscales, los ataques contra la fiscal de la Nación son direccionadas por los remanentes de la red “Los Cuellos Blancos” y sectores vinculados al fujimorismo; ya lo intentaron en años anteriores y actualmente reviven una acusación pretendiendo relacionar a Avalos con la mencionada organización. En un nuevo intento de desprestigiar a la cabeza del Ministerio Público, se ha emprendido una campaña mediática en un sector de la prensa, y traerse abajo las investigaciones de varios políticos que están a nivel de la Fiscalía Suprema. Para que las denuncias se consideren objetivas y prosperen, el Ministerio Público debe actuar de manera completamente independiente; libre de personajes ligados a intereses oscuros, si no es poco probable que las investigaciones lleguen a buen puerto.

Esta vez la acusación viene del procurador Javier Pacheco, que ha presentado una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, basada en reportes periodísticos de poca credibilidad, acerca que se le habría favorecido en el puntaje para su nombramiento como fiscal suprema con unos títulos de formación académica con ayuda de un “alguien” que cambia de nombre en el tiempo, primero la vincularon con César Álvarez, después con Rodolfo Orellana. Ahora han cambiado ese “alguien” es José Cavassa. Sin embargo durante ocho años, nadie aportó un solo indicio o una sola declaración que ubique a Cavassa manejando el Consejo Nacional de la Magistratura y que éste la haya favorecido.

La otra estrategia de la corrupción es dinamitar la ley de la colaboración eficaz, desde la Comisión de Justicia del Congreso. Si esto se confirma en el Pleno sería un revés durísimo a la lucha anticorrupción del Estado, el objetivo sería debilitar la acusación fiscal perjudicando el desarrollo de los procesos que se habían iniciado mediante este mecanismo legal que permite a los que delinquen reducir la pena que les corresponde a cambio de proporcionar información relevante. Esta herramienta fue fundamental para descubrir los hechos de corrupción más grandes del país como Lava Jato, Cócteles, Los Cuellos Blancos, Club de la Construcción, etc. Actualmente, las colaboraciones eficaces son clave en casos como éstos.

No es coincidencia, que estando a puertas de abrir juicio oral contra Keiko Fujimori y sus 40 coinculpados por delitos de corrupción y lavado de activos sustentados en declaraciones de colaboraciones eficaces, se pretenda que las investigaciones se frustren o que la evidencia sea insuficiente para que el caso no prospere y sea archivado. El proyecto fue presentado por el fujimorismo, en la legislatura pasada y observado por el Ejecutivo el 2020 y volvió al Congreso.

La iniciativa fue retomada por la Comisión de Justicia en un evidente conflicto de intereses y uso político por parte de quienes integran la Comisión de Justicia, entre ellos Nano Guerra García y Waldemar Cerrón quiénes presionaron para aprobar el dictamen que beneficia a los líderes de su partido político acusados de corrupción, y/o formar parte de una organización criminal; como Keyko Fujimori, y Vladimir Cerrón. Una vez más los “ extremos” se juntaron Fuerza Popular y Perú Libre al votar en un mismo sentido, igualmente lo hicieron Podemos que tiene como líder es José Luna otro procesado, así también APP que preside la Comisión con Gladys Echaiz , Renovación Popular y Avanza País que tienen varios de sus representantes con procesos de investigación, o están ligados a intereses oscuros.

De aprobar el Congreso las nuevas reglas de juego de la colaboración eficaz se la debilitaría, al atar los brazos a los fiscales por la reducción del tiempo (ocho meses), un absurdo porque es casi imposible que los miembros de las organizaciones criminales delaten a sus cómplices en ese plazo de tiempo. También serán afectados los procesos penales en curso derivados de las delaciones, para tener investigaciones exitosas es necesario contar con instrumentos legales apropiados. Lo que pretenden es que las investigaciones se frustren o simplemente no avancen, para que la Fiscalía no cuente con ninguna evidencia, o que la evidencia sea insuficiente para que el caso no prospere y sea archivado.

Adicionalmente, se criminaliza a los funcionarios públicos procuradores, fiscales o jueces que filtren el contenido de los colaboradores eficaces al sancionar con prisión que van desde 4 a 7 años y también se contempla castigo para quienes lo publiquen, es decir a los periodistas.

La crisis de credibilidad en nuestras instituciones y en la clase política es principalmente debido a la corrupción existente. Esta situación plantea el reto de recuperar un Estado transparente y con funcionarios íntegros, pero esto implica el empoderamiento de una ciudadanía que vigile, y tenga un rol activo para no permitir la impunidad.