Por: Gretell Rebaza Araujo.

Los defensores del indulto a Fujimori, los mismos que denunciaban “fraude” y que exigían la intervención de la OEA. Hoy se “rasgan las vestiduras” por el pedido de la Corte IDH al Estado peruano de abstenerse de ejecutar la orden dada por Tribunal Constitucional de liberar al dictador Fujimori. Además de lo anunciado por la Corte IDH, ésta deberá pronunciarse los próximos días sobre la medidas provisionales y posiblemente sobre la validez del indulto, según lo solicitado en la reunión de ayer sostenida con los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta.

A la campaña mediática de victimización del dictador Fujimori sentenciado por crímenes de lesa humanidad emprendida por un sector de la prensa, se ha sumado la desinformación y mentiras de los fujimoristas sobre las decisiones de la Corte IDH con el fin de confundir a la opinión pública. Desde la propia Keyko Fujimori, quien salió a responsabilizar al Estado Peruano por “la vida del exdictador”, hasta los abogados del dictador, congresistas fujimoristas y sus aliados, todos ellos pretenden desconocer las decisiones de la Corte IDH cuestionando su actuación, como “sesgada y politizada”, “arbitraria”, “violatoria a nuestra soberanía “, incluso pidiendo la renuncia del Perú de dicho tribunal internacional. Todo esto con el objetivo de politizar el tema y llevarlo a un terreno invalido.

Estas críticas, cargadas de mentiras y falsas acusaciones son alimentadas por el temor a que la Corte IDH cuestione la validez del indulto, y para justificar la liberación de Fujimori dada por el TC carente de elementos jurídicos además de no haber cumplido los estándares internacionales exigidos por la Corte IDH, existiendo muchas probabilidades de que ésta anule de forma directa este fallo y ordene al Estado peruano a cumplir con las obligaciones de no impunidad.

Es una mentira decir que la Corte IDH es “sesgada y politizada”, los integrantes de la Corte IDH son elegidos en votación secreta por los Estados miembros de la OEA, es improbable que un organismo multilateral como la OEA, haya promovido una confabulación continental para elegir jueces y comisionados de un sesgo político determinado, con el fin de perjudicar a los propios Estados que los eligen. La Corte IDH adopta sus decisiones sobre peticiones y casos con base en criterios jurídicos, sin que su convicción sobre la existencia o no de violaciones a derechos humanos esté sujeta a presiones de tipo político-mediático. Además es falso que solo defiende a terroristas, como sostienen los defensores fujimoristas. Para tener una idea de las 40 sentencias que la Corte IDH ha dictado sobre Perú en sus más de 35 años de funcionamiento, solo nueve abordan el procesamiento penal por los delitos de terrorismo.

Otra gran mentira es que sus decisiones sean arbitrarias y que viola nuestra soberanía. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias; una función consultiva; y la función de dictar medidas provisionales. El Perú se encuentra bajo la jurisdicción del organismo internacional, al haber suscrito tratados internacionales, los mismos que obligan a los países adherentes a acatar sus decisiones, entre ellas las resoluciones de medidas provisionales que tienen que cumplirse inmediatamente. Está plenamente reconocido en nuestra Constitución que dice “se puede recurrir a tribunales internacionales constituidos según tratados o convenios de los que Perú es parte”.

El fujimorismo no es la primera vez que se atreve a pedir la renuncia del Perú de la Corte IDH, en el 2018 Keiko Fujimori daba órdenes a su bancada al respecto debido a que no le convenía a sus intereses. También Alberto Fujimori, decidió unilateralmente retirarse de la competencia de la Corte el 1999 para lograr la impunidad por las violaciones a los derechos humanos cometidos durante su régimen, pues dicho contexto obligó a los afectados a buscar en la justicia internacional, la justicia que le era denegada sistemáticamente en la justicia interna. Con el retiro de la competencia de la Corte Interamericana; el Estado dejaba en el desamparo a los peruanos a recurrir a esta vía supranacional vulnerando la Constitución que lo contemplaba. Después tuvimos que volver y nos cayeron todos los procesos. El Perú posee tantas denuncias ante la CIDH lo que demuestra la credibilidad que un sector mayoritario de la sociedad civil y operadores del derecho le confiere al SIDH.

Renunciar a la Corte IDH significaría que el Perú deje de ser parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cual nos conduciría a la salida de la cooperación internacional y el aislamiento diplomático frente a aquellos países que consagran los derechos humanos como un pilar fundamental de su política exterior como le sucedió a Venezuela. Al fujimorismo le conviene porque se desconocería la demanda de la Corte IDH.

La CIDH en los próximos días se pronunciará a fin de garantizar su derecho a justicia de las víctimas de Fujimori, que aún no reciben ni las disculpas públicas, ni la reparación civil de quien fue condenado por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos. El Gobierno está obligado a defender el Estado de Derecho como corresponde, por ello debemos exigir una posición firme. No más impunidad, la justicia debe prevalecer y ser igual para todos.