Por: Gretell Rebaza Araujo.

La comisión especial del Congreso aprobó entre “gallos y medianoche” la selección de seis candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, la mayoría de ellos con vínculos con el fujimorismo y sus aliados, lo que muestra un evidente cálculo político para seleccionar la lista final de candidatos, lo que hace prever será una “repartija” la elección de los nuevos miembros del TC.

En un proceso sometido a diversos cuestionamientos desde un inicio, de los 26 postulantes que se mantenían en carrera 20 fueron eliminados, sólo 6 candidaturas llegaron a la etapa final y ahora serán sometidos al Pleno para su elección. La votación será por orden de méritos y por separado, cada aspirante requiere de 87 votos a su favor. Ahora las bancadas tendrán que decidir a quienes deciden apoyar. Sin embargo ya se evidencian que ya tienen sus candidatos. Este es el tercer intento para elegir al nuevo TC desde el 2019.

De esta relación, los primeros puestos son ocupados por postulantes vinculados a fuerzas políticas como Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular. Hay gente que se presenta a través de una organización, pero juega de la mano con otros.

Francisco Morales Saravia, el primer lugar, es una persona de confianza del excongresista fujimorista Carlos Mesía Ramírez, en el 2019 participó en la elección para el TC por invitación del Apra y tenía el respaldo de Fuerza Popular, como se recuerda dicho proceso no prosperó por estar plagado de cuestionamientos, a tal punto que el Congreso fue cerrado. También postuló el 2021 en un concurso que no concluyó por la serie de anomalías, pese a esta irregularidad, Morales optó por seguir en carrera, sin renunciar. En el actual concurso, alcanzó el primer lugar debido a que la congresista Adriana Tudela Avanza País le asignó la más alta puntuación en la etapa de entrevistas.

El segundo lugar Gustavo Gutiérrez Ticse, fue abogado de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, y a pesar que fue excluido a pedido de la Contraloría por no incluir en su expediente que registraba deuda coactiva con la Sunat. Fue reincorporado gracias a ser salvado con los votos de los congresistas Hernando Guerra (FP) y Adriana Tudela (Avanza País), Luis Aragón (AP). .En la etapa de entrevistas, los mismos Guerra y Tudela le dieron el más alto puntaje a su favor, en comparación con los demás congresistas.

El tercer puesto ocupado por Helder Domínguez Haro, quién también había sido excluido. Este postulante presentó una reconsideración, señalando que solo había tenido investigación pero nunca hubo sanción (el caso había prescrito). El equipo técnico había propuesto ratificar su exclusión, pero fue reincorporado por la mayoría de congresistas. Se ha pronunciado en contra de la SUNEDU:

El cuarto puesto recae sobre Luz Imelda Pacheco Zerga, una abogada cercana al Opus Dei. En entrevista ante la comisión, se pronunció en contra de la regulación del feminicidio. Jorge Montoya (Renovación Popular), le otorgó la más alta puntuación en la ronda de entrevistas.

Manuel Monteagudo Catedrático de la PUCP. Ocupa el quinto lugar entre los finalistas. Al parecer sería el único que no cuenta con apoyo, sus investigaciones no fueron tomadas en cuenta por la comisión solo por estar en el idioma inglés. A pesar de ello se mantiene en carrera.

Finalmente, el sexto puesto ocupado por César Augusto Ochoa Cardich, Pertenece al estudio Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez, allegados al fujimorismo.

Nuevamente la legitimidad de la elección de los nuevos miembros del TC, está en duda, por la falta de transparencia y cuestionamientos en el desarrollo del procedimiento de selección; donde en las decisiones de los congresistas priman las cuotas de poder para capturar el TC; sin importar el perfil del magistrado que garantice sean personas independientes e imparciales, que gocen de honorabilidad y de una conducta intachable, que cuenten con dominio y conocimiento legal notables, que muestren un sólido compromiso con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, y, finalmente, que demuestren capacidad para entender las consecuencias de sus decisiones en los ámbitos social y jurídico de nuestro país como garantía de respeto y protección de los derechos de la población.

Cuando recientemente hemos sido vergüenza internacional por una sentencia del actual TC basada en intereses políticos y no en elementos jurídicos, que mereció ser corregida por la CIDH, quién incluso conminó al Estado a garantizar el derecho a justicia de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Basta de tener a ese tipo de personas en el máximo tribunal que responden a intereses particulares o mafias, recordemos que estos mismos magistrados han perdonado pago de tributos millonarios a empresas privadas, basta de tener un TC convertido en el tribunal de la impunidad, que ha merecido el rechazo nacional e internacional.

La selección de los candidatos al TC debe contar con parámetros adecuados para la designación de sus miembros, no se puede permitir se realice con negociaciones bajo la mesa, con falta de claridad, sin parámetros adecuados. Esto debe cambiar en aras de garantizar transparencia y eficacia en la ejecución del mismo. Esperamos que las bancadas en minoría bloqueen esta elección con sus votos en contra. Debemos estar muy atentos, se necesita la inmediata reacción de la sociedad civil, y en general, de la población peruana.

Digámosle NO A LA REPARTIJA del Congreso. El Perú no se merece un Tribunal Constitucional capturado por los intereses políticos y corruptos.