Por Gretell Rebaza Araujo.

El Congreso de ratificar mañana en el Pleno lo aprobado por la Comisión de Energía y Minas, el proyecto de ley 804 que modifica la Ley de Hidrocarburos (ley 26221) estaría consumando un acto claramente doloso y lesivo a los intereses del país; al premiar a las empresas petroleras con extender de 30 a 40 años la duración de los contratos de explotación de los pozos petroleros, y de gas natural; además de prorrogar por 10 años más, a los actuales operadores privados cuyos contratos están por vencer.

Esta ley impulsada por el congresista Carlos Alva de Acción Popular quién preside la Comisión de Energía y Minas contó con el apoyo de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú; podría tratarse de un gran lobby para proteger a las petroleras privadas en desmedro de Petroperú justamente cuando la empresa estatal puso en operación su nueva refinería en Talara, esto le obligará a seguir comprando petróleo a precios internacionales.

Una ley con nombre propio, además de irregular porque no sólo las modificaciones regirán para los nuevos contratos sino que los congresistas pretenden dar sin licitación la extensión de estos lotes, sin importarles las reservas de petróleo que están en juego (no menos de 100 millones de barriles de reservas probadas de petróleo), al prorrogar por 10 años más, a los actuales operadores privados de seis lotes petroleros ubicados en Talara cuyos contratos están ya por vencer. Una prorroga a dedo y una ley que va en contra del concepto constitucional de la retroactividad.

Petroperú puso en operaciones la nueva refinería de Talara, la cual en seis meses operará al 100%. Esta se tendría que nutrir fundamentalmente de ese petróleo accediendo directamente a esos lotes. Sin embargo ahora esto le obligará a comprar petróleo a precios internacionales, en lugar de darle la posibilidad de adquirirlo a costo de producción. Como lo explico Humberto Campodónico, presidente de Petroperú, quién reiteró la importancia para la estatal de participar en los contratos de Talara próximos a vencer, al acceder a ese crudo al valor de costo (descontando regalías y costos operativos) le permitirá acceder a la renta petrolera. Actualmente Petroperú compra el petróleo de los lotes cercanos pagando precios internacionales.

El Legislativo en vez de velar por la seguridad energética y la soberanía nacional, y dar leyes para que Petroperú pueda acceder a esos lotes, lo boicotea y para beneficio de las empresas operadoras de lotes ha establecido que los contratistas solo deberán presentar un programa de inversión a ejecutarse y ya no ofrecer a Petroperú una participación del 25% en el contrato si es que querían prorrogar sus operaciones como era antes.

De los seis lotes petroleros ubicados en Talara, dos son los más importantes, el lote X, y el lote VII/VI, que son operados por el mismo dueño CNPC y entre ambos lotes la suma de la producción son las tres cuartas partes de la producción total de los 6 lotes a los que Petroperú solo podrá acceder para alimentar su refinería pagando precios internacionales tal cual sucede desde hace 30 años.

CNPC es accionista con el 45% de la empresa Pluspetrol Norte que incumplió el contrato del Lote 192 y de lote 8 por el que fue sancionado por OEFA que ha dado lugar a una demanda de Perupetro, con el propósito de mantener la vigencia de dicho contrato y evitar la afectación social y ambiental de las comunidades nativas ubicadas en la zona de Loreto, así como un perjuicio económico para el país.Sin embargo a pesar de ello ha sido favorecida.

Las empresas petroleras privadas, encargadas de la exploración y explotación del petróleo peruano, son culpables de arrastrar al país a una situación de dependencia energética indeseable, complicada y peligrosa, puesto que se han dedicado a invertir exclusivamente en desarrollar pozos de explotación y mínimamente han realizado exploraciones para elevar las reservas existentes. En el 2021 se realizaron 106 perforaciones de pozos de explotación de un yacimiento ya descubierto en cambio, la perforación de pozos exploratorios (búsqueda de un nuevo yacimiento) en el 2021 fue cero. No pudieron cumplir con los programas de inversión en el pasado, a pesar de que la producción de esos lotes no creció́.

Los resultados del proceso privatizador son reveladores e incontestables, la reducción de la producción nacional de petróleo han convertido al Perú en un país netamente importador con las implicancias económicas que esa situación significará para las futuras generaciones. Como ahora que el alza de los precios internacionales de petróleo y sus derivados viene afectando en la economía de todos los peruanos, que obligó al Gobierno a activar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles para amortiguar las oscilaciones de los precios convirtiéndose en una herramienta de subsidio estatal.

El fracaso del modelo privatizador en los últimos 30 años exige una nueva visión de exploración y explotación de los lotes concesionados. Sin embargo el empecinamiento del Congreso en continuar prorrogando los contratos de los lotes petroleros por vencer a las mismas empresas que solo se han dedicado a extraer el petróleo sin invertir en buscar nuevas reservas. Solo puede tener una explicación y es sin duda que se trata de un negocio muy rentable para las empresas privadas, a las que el Congreso alienta sin importarles el interés nacional y necesidad pública de recuperar la soberanía del Perú sobre nuestros recursos petroleros, si no tan solo sus intereses subalternos.