Por. Gretell Rebaza Araujo.

El uso y abuso que hace el Congreso del poder político ha llegado a convertirse en una amenaza abiertamente autoritaria, la mayoría de bancadas no sólo están interesadas en revertir las reformas ya logradas, sino están dispuestas a erosionar el equilibrio democrático a través de la intromisión a la autonomía en los otros poderes como actualmente pretenden hacerlo con el Jurado Nacional de Elecciones, a raíz de la negativa de las autoridades de los organismos electorales de aplicar la contrarreforma electoral que permite más inscripciones de candidatos y la realización de elecciones internas complementarias con miras a las elecciones de Octubre de este año.

La Ley 31481, que modifica el cronograma de elecciones regionales y municipales, afecta el funcionamiento del sistema electoral, es una “ley con nombre propio” pues los partidos que impulsan ésta ley son los que no han logrado inscribir sus listas, y se quedaron fuera de las elecciones internas y ahora pretenden imponer normas atentatorias a los principios electorales como la preclusión, la no retroactividad de las leyes y de seguridad jurídica. Todo esto fue aprobado en contra a la opinión técnica de los organismos electorales JNE, ONPE y Reniec; por lo cual se han negado aplicar la cuestionada norma al afectar el proceso electoral en marcha que comprenden reglas claras ya establecidas .

El Congreso autoritariamente trata de imponer ésta medida, buscando beneficiar los intereses particulares de sus cúpulas partidarias; sin importarles alterar el cronograma electoral establecido que ya se inició. El plazo para la inscripción de quienes competirán en los comicios vence el 4 de junio, las elecciones internas ya se han se han realizado y de ampliarse podría cambiar los resultados vulnerando los derechos a la igualdad en la participación política de quienes oportunamente si lo hicieron en las elecciones internas del el 15 y 22 de mayo. Además no podría ser aplicada porque la ley no es retroactiva.

Por este motivo desde el Congreso se viene inyectando una serie de ataques y amedrentamiento en contra de las autoridades electorales, especialmente del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, pidiendo su “cabeza” para luego proceder a capturar dicha entidad, así como someter a los otros organismos electorales. En ese sentido la mayoría de partidos que apoyan la norma como Acción Popular, Fuerza Popular, APP, RP y la mayoría de Perú Libre han encargado a través de la Junta de Portavoces a la Procuraduría del Legislativo ver la forma de presentar una demanda en contra del JNE, cuyo informe será presentado este lunes. En una clara intromisión pretenden también ser juez y parte y decirle cómo interpretar y resolver de la forma que a ellos les conviene. Cuando son las autoridades electorales, constitucionalmente, las que rigen cualquier proceso electoral.

Por su parte, la bancada de Acción Popular impulsora de la norma que les beneficia directamente adelantó que denunciará ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a los titulares del JNE, ONPE y Reniec por no aplicar la contrarreforma electoral. Todo esto acompañado de un constante hostigamiento a la autoridad electoral, en los últimos días una portátil lanzaba ataques contra el presidente del JNE a las afueras de la sede. Asimismo el grupo violentista la Resistencia atacándolo nuevamente, en las afueras de su domicilio. A esto se suma una campaña de desprestigio en su contra iniciada semanas atrás.

Por otro lado JNE, no se ha quedado con los brazos cruzados y emitió un comunicado sobre esta situación al TC, OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y envió una carta a la presidenta del Congreso explicando las razones por las que no aplicará la norma en cuestión que “resulta jurídica y materialmente imposible cumplir”. La posición de la ONPE va en el mismo sentido calificándola de inaplicable por vulnerar la Ley Orgánica de Elecciones y la imposibilidad de las elecciones complementarias en menos de una semana, debido a que el mismo Parlamento propuso que estos se cumplan hasta el 4 de junio. Además de considerar que para esto se requeriría más de 8 millones de soles.

Los partidos políticos que apoyan ésta contrarreforma han demostrado su precariedad y su decadente representatividad, que son grupos de interés no democrático, al no respetar las reglas y principios que regulan el proceso electoral, que no les importa mejorar el sistema de partidos y la calidad de la representación, que privilegian sus intereses particulares sin importarles socavar la institucionalidad y la democracia con tal de obtener su propio beneficio.